La problemática actual de las zonas francas.

Se establecieron nuevas disposiciones que gravan con IVA los productos fabricados por las firmas que operan en estos territorios y que se venden en el ámbito nacional, a su vez, se cambiaron las condiciones para obtener la calificación que les permitirá prorrogar su funcionamiento.

Durante el transcurso del año se han venido presentando importantes modificaciones al régimen de zona franca, que han puesto en riesgo este importante mecanismo de atracción de inversión y generación de empleo. Estos inconvenientes el Gobierno Nacional las puede remediar con medidas rápidas que garanticen la seguridad jurídica de los inversionistas que apostaron y los que en adelante quieran instalarse en ellas.

Una de las medidas tiene que ver con la base gravable del IVA para los productos fabricados en

zona franca que se venden al resto del territorio aduaneros nacional y, el otro, con las condiciones establecidas para autorizar la prórroga de la calificación para las zonas francas.

Las modificaciones al IVA

Recordemos que las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, que gozan de ciertos beneficios aduaneros y tributarios que les permiten ser más competitivas tanto en el mercado local como en el internacional, con la condición, entre otras, de que hagan inversiones de capital y generen nuevos empleos, según lo establece la Ley 1004 de 2005 o ley de Zonas Francas.

Contrario a lo que se piensa, este régimen no es exclusivo de grandes empresas o multinacionales, pues basta ver que, según datos de la Cámara de Zonas Francas de la ANDI, el 35% de las empresas constituidas como usuarios de zona franca son pequeñas, el 29% son microempresas, el 16% son medianas y sólo el 9% son grandes. Esto demuestra que la Pymes son las que más se benefician con este mecanismo.

En momentos en que el desempleo está aumentando en forma constante, según las cifras publicadas por el DANE, se hace necesario incentivar esta clase de instrumentos no sólo para mantener los más de 170.000 empleos creados al interior de estas zonas, sino para crear nuevos puestos de trabajo que permitan a un mayor número de colombianos contar con un empleo digno y bien remunerado.

Es por ello que resulta lógico que la tributación de las empresas constituidas en zona franca deba ser diferenciado de las que se encuentran en el territorio aduanero nacional, pues la mayor competitividad que de ellas se espera se logra por esta vía, que es la que permite que haya inversión, se generen los empleos y el desarrollo de las regiones en las que se instalan.

No es gratuito entonces que la Ley 1004 de 2005 haya establecido una menor tarifa en el impuesto sobre la renta y una neutralidad fiscal en materia de IVA y aranceles, que implicaba que las materias primas nacionales se compraban exentas y cuando el bien final se fabricaba en zona franca, pero se importaba al resto del Territorio Aduanero Nacional (TAN), únicamente se pagaban tributos aduaneros sobre el valor del componente extranjero.

A pesar de lo anterior, por medio del Decreto 1370 del dos de agosto de 2019, el Gobierno Nacional estableció que para estos casos la base gravable del IVA sería tanto el valor del componente extranjero como el de las materias primas nacionales y los costos de producción.

Con esta disposición la competitividad de las Comercio exterior 26 zonas francas se fue al piso, quedando en las mismas condiciones que las demás empresas del país, que no tienen que cumplir requisitos de generación de inversión y de empleo

El mismo Decreto estableció una declaración de importación especial para que los usuarios de zonas francas pudieran liquidar este IVA y que entra en operación real el próximo 25 de octubre, lo que podría generar demoras en la logística de salida de los bienes de estas instalaciones con los consecuentes costos adicionales que ello representa.

El Gobierno Nacional puede tomar dos medidas para tratar de aliviar la situación de los usuarios de las zonas francas en esta materia, aunque lo ideal sería considerar que en dichas zonas no se deben gravar con IVA los componentes nacionales ni los costos de producción, tal como lo señala la Ley 1004 de 2005.

La primera es, por un lado, permitir que el IVA pagado en la declaración especial sea descontable, con el fin de aminorar el impacto fiscal para las empresas y, por el otro, sacar de la base gravable del bien final el valor de las materias primas extranjeras previamente nacionalizadas, pues esto implica para los usuarios un doble pago de IVA que genera saldos a favor imposibles de solicitar en devolución.

La segunda, es autorizar a los proveedores del TAN que le vendan con IVA las materias primas nacionales a los usuarios de las zonas francas, con el fin de que a la salida de los productos finales estos no tengan que presentar la declaración especial, con lo cual el Estado recibe el impuesto en forma anticipada, pero no se afecta la logística de la salida de los bienes finales; a este respecto, basta con que la DIAN aclare un concepto que en la actualidad es el que limita esta posibilidad. Con estas dos simples medidas se disminuiría el impacto en la competitividad de las zonas francas que generó el hecho de que las hayan puesto a gravar con IVA los bienes finales, en claro esconocimiento de la Ley 1004 de 2005 o Ley de Zonas Francas, para conservar los empleos generados y adicionar muchos más con las nuevas inversiones que entrarían a zona franca al restablecer su competitividad.

Las prórrogas

El segundo tema que afecta a las zonas franca está contemplado en el Decreto 1054 del 12 de junio de 2019, mediante el cual se establecieron las condiciones para la prórroga de la calificación de las zonas francas, 13 años después de la expedición de la Ley 1004 de 2005 que no contempló ningún requisito y con base en la cual se calificaron la mayoría de los usuarios actuales. La calificación de las zonas francas se otorga por períodos de entre 15 y 30 años prorrogables, pero quienes aspiren a tener dicha prórroga tienen que cumplir con unos nuevos requisitos de inversión y empleo, que no fueron contemplados al momento en que se hicieron las inversiones bajo este régimen.

Por lo tanto, varios usuarios ven con sorpresa que después de 13 años de haber obtenido la calificación inicial, el gobierno nacional les comunique que para tener la prórroga de su calificación deben invertir en activos fijos reales productivos para generar más empleo, sin que cuenten con los recursos para hacerlo y, aun teniéndolos, sin la demanda que pueda absorber la mayor producción esperada, pues las proyecciones iniciales se basaron en una demanda específica.

Esta clase de medidas afectan la seguridad jurídica de las inversiones en el país, pues el gobierno nacional debió anunciar las condiciones para la prórroga al inicio en que se hicieron las inversiones y no 13 años después.